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Los estragos de la crisis económica de la década pasada fueron de tal envergadura en nuestro país, que aun hoy en día se dejan sentir, persistiendo un panorama de precariedad laboral para los trabajadores y, simultáneamente, gran dificultad para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, para alcanzar el punto de equilibrio financiero.

En relación con uno de los elementos que más perjudica la fluidez de la economía, la morosidad, a mediados de aquel decenio, en el año 2015, surgieron algunas iniciativas para paliar sus efectos negativos:
Así, desde el ámbito privado, se lanzó al mercado el fichero de morosidad ICIRED, que por primera vez ponía en manos de todas las empresas y profesionales la posibilidad real de contar, en su beneficio, con un fichero de morosos para prevenir y recobrar deudas.

Al mismo tiempo, desde los poderes públicos, se dictó la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, coloquialmente conocida como Ley de Segunda Oportunidad, pensada especialmente para devolver al tráfico jurídico mercantil a aquellos empresarios o profesionales que, arrastrados por la crisis, se hubieran encontrado superados por las deudas, de manera no dolosa ni imprudente.

Vamos a ver, resumidamente, en qué consiste esta posibilidad de la segunda oportunidad que, tras la actual crisis sanitaria, probablemente esté más en el candelero que nunca.

I. La segunda oportunidad y el concurso de acreedores. 

¿Dónde se “concede” esta segunda oportunidad? 

Al escuchar el nombre de Ley de Segunda Oportunidad, muchas personas pudieron sentir la tentación de pensar que hablábamos de un novedoso sistema que permitía a un órgano de nueva creación perdonar las deudas a quien demostrase merecerlo, de modo que, al publicarse la norma, se multiplicaron las consultas a los profesionales del Derecho sobre cómo acceder a esa posibilidad.

La realidad es que el Legislador lo que ha hecho es recurrir a un mecanismo que ya existía: el concurso de acreedores. De este modo, se introducen nuevas posibilidades, dentro del marco del concurso, para que el concursado persona física que reúna una serie de requisitos, pueda obtener medidas ventajosas para el pago de las deudas y, en último extremo, la exoneración de las que no pueda pagar.

¿Y qué pasa con los acreedores? 

Pueden estar tranquilos. Al fin y al cabo hablamos de deudas que, con toda seguridad, no iban a poder cobrar de otro modo, al tratarse de un deudor que se ha llegado a ver incapaz de pagar. Asimismo, partimos siempre de la base de que estas medidas de segunda oportunidad no se aplican a cualquier moroso ni, especialmente, a los que conocemos como “morosos profesionales”, sino solamente a los que demuestren buena fe en sus transacciones, de modo que, la pregunta obligada es, ¿cómo se demuestra esa buena fe?

La Ley Concursal, que es la norma en la que se introducen las modificaciones correspondientes por la Ley de Segunda Oportunidad, nos aclara que se presume la buena fe en el deudor que:

  1. No hubiera sido condenado en los 10 años anteriores al concurso por delitos económicos, ni sea declarado culpable en el concurso.
  2.  Importante: Que, a salvo de lo establecido en el punto siguiente, el deudor haya intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, previo al concurso. En el apartado II desarrollamos esto.
  3. Que haya pagado todos los créditos contra la masa y los privilegiados. Para el caso de no haber intentado el acuerdo extrajudicial previo, también haber pagado el 25% de los créditos ordinarios.
  4. Si no ha realizado los pagos del punto anterior, además del acuerdo extrajudicial de pagos deberá someterse a un plan de pagos a cinco años vista y que la concesión de la exoneración conste en el Registro Público Concursal durante cinco años. En este caso, además, el deudor deberá haber cumplido con su obligación de colaboración en el concurso y acreditar que en los últimos diez años no ha obtenido el beneficio de la exoneración, así como que en los últimos cuatro años no ha rechazado una oferta de empleo adecuada a su capacidad.

¿Se puede exonerar al deudor de todas sus deudas? 

En realidad no, al menos en un primer momento. Para empezar, si la deuda del concursado supera los cinco millones de euros, la normativa sobre segunda oportunidad no permite obtener la exoneración.

Por otro lado, si el deudor no hubiera pagado los créditos contra la masa y los privilegiados, pero reuniera los requisitos para que se le concediera la exoneración (punto 4º anterior), ésta no abarcará dichos créditos, ni los de derecho público ni por alimentos. A todas estas deudas tendrá que enfrentarse el deudor en el plan de pago a cinco años que proponga y se apruebe.

Llegado al fin de ese plazo, si no hubiera podido pagar en su totalidad tales deudas, podrá no obstante obtener la exoneración definitiva de todo si se acredita que en esos cinco años ha destinado al cumplimiento del plan, al menos, la mitad de sus ingresos, o, en determinados casos referidos a situaciones de especial vulnerabilidad, la cuarta parte.

¿La exoneración libra también a los fiadores y cónyuge del deudor? 

El cónyuge del deudor, casado en gananciales, sí puede beneficiarse de la exoneración, respecto de las deudas anteriores a la declaración del concurso y que afectaban al patrimonio común de ambos.

No se puede decir lo mismo de los avalistas y fiadores, para los que no hay segunda oportunidad: no solamente seguirán respondiendo frente al acreedor de la deuda del concursado, sino que no podrán luego dirigirse contra éste para resarcirse por lo pagado.

¿Cabe revocar la exoneración de las deudas? 

Los acreedores concursales pueden pedir la revocación de la exoneración en los cinco años posteriores a su concesión, por:
– Descubrirse la existencia de ingresos, bienes o derecho del deudor ocultados.
– Descubrirse que se incumple algún requisito de los que permiten la concesión de la exoneración.
– Incumplirse el plan de pagos aprobado, sin haberse destinado al cumplimiento del mismo, al menos, la mitad de los ingresos, o, en determinados casos referidos a situaciones de especial vulnerabilidad, la cuarta parte.
– Mejorar sustancialmente la situación económica del deudor por causa de herencia, legado, donación o juego de azar.

II. El acuerdo extrajudicial de pagos. 

Como hemos visto, para los deudores que en el concurso no paguen todos los créditos contra la masa y los privilegiados, así como también el 25% de los créditos ordinarios, es un requisito necesario para optar a la exoneración, según la normativa sobre segunda oportunidad, haber intentado un acuerdo extrajudicial de pagos. Vamos a conocer un poco más sobre este mecanismo.

¿Quiénes pueden solicitar un acuerdo extrajudicial de pagos? 

Quienes estén en estado de insolvencia, o vayan a estarlo, y que:
• Su pasivo no sea superior a cinco millones de euros.
• Se prevea que, en su caso, un posible concurso no será complejo.
• Que tengan activos para los gastos del acuerdo.
• En los últimos diez años no hayan sido condenados por delitos económicos.
• En los últimos cinco años no hubieran sido declarados en concurso, alcanzado un acuerdo extrajudicial de pagos u obtenido homologación judicial de un acuerdo de refinanciación.
• No se encuentren ya en concurso o negociando un acuerdo de refinanciación.

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¿Cómo se desarrolla el proceso del acuerdo? 

La Ley Concursal, modificada por la Ley de Segunda Oportunidad, prevé que el deudor puede solicitar el inicio de este proceso mediante un formulario en el que pide el nombramiento de un mediador concursal y acompaña todos los datos sobre su situación económica, acreedores, etc.
El mediador instará la subsanación de los errores que detecte y convocará a deudor y acreedores a una reunión en los siguientes dos meses.

Asimismo, iniciado el expediente, lo cual tendrá lugar ante notario, registrador mercantil o cámara de comercio, el deudor podrá continuar con sus actividades profesionales, pero los acreedores detendrán cualesquiera reclamaciones o ejecuciones contra el deudor, en un plazo de tres meses, y se suspenderá el devengo de intereses.

Antes de la reunión entre deudor y acreedores, el mediador les hará llegar una propuesta de acuerdo que, en lo que a personas físicas se refiere, podrá incluir quitas, esperas por plazo de hasta diez años, cesión de bienes o derechos o conversión de la deuda en préstamos participativos por plazo de hasta diez años u otro instrumento financiero distinto de la deuda original.
Los acreedores podrán presentar propuestas alternativas, de modo que el mediador pueda elaborar una definitiva, aceptada por el deudor, que hará llegar a todos antes de la reunión. En este punto, si los acreedores que representaran la mayoría del pasivo no quisieran continuar con la negociación, el mediador solicitará la declaración de concurso.

¿Qué se acuerda y a quién obliga? (h3)

Se puede pactar en el acuerdo y quedan vinculados:
a) Si votan a favor del acuerdo los acreedores que representen al menos un 60% del pasivo, todos los acreedores (que no tengan garantía real) quedan sometidos a las esperas de un plazo no superior a cinco años, y a las quitas no superiores al 25%.
b) Si votan a favor los acreedores que representen al menos el 75% del pasivo, todos quedan sometidos a esperas por plazo no superior a diez años y a quitas que pueden ser superiores al 25%.
Si se alcanza el acuerdo, el notario lo elevará a escritura pública o, en caso de que se tramitara ante registrador mercantil o cámara de comercio, se dará cuenta al Juzgado que debiera conocer del concurso. Asimismo, se publica la existencia del acuerdo en el Registro Público Concursal, con la indicación de que está a disposición del acreedor interesado en la Notaría, Registro Mercantil o cámara de comercio correspondiente.

El acuerdo aprobado no afectará en ningún caso a los créditos de derecho público y, en el caso de los acreedores con garantía real, quedan vinculados si aceptan el acuerdo. En el caso de que no lo hicieran, también quedan vinculados, en la parte que no exceda de su garantía, si las medidas del apartado a) anteriormente mencionado se aceptan por los acreedores que representen el 65% del pasivo, y si las medidas del apartado b) se aceptan por los acreedores que representen un 85% del pasivo.

Si, en cambio, no se alcanza un acuerdo, el mediador concursal instará la declaración del concurso. También lo instará si, aprobado el acuerdo, el deudor lo incumple.

Por último, en cuanto a los avalistas y fiadores, seguirán respondiendo de las deudas del obligado principal respecto de los acreedores que no hubieran aceptado o mostrado su disconformidad con el acuerdo, y respecto de los acreedores que sí lo hubieran suscrito, dependerá de lo acordado en la respectiva relación jurídica.

¿Se puede impugnar el acuerdo? 

Efectivamente, pueden impugnar el acuerdo los acreedores que no hubieran sido convocados o no hubieran votado a favor, y lo pueden hacer ante el Juzgado que sería competente para conocer del concurso.

Las causas de impugnación siempre tienen que ir referidas a la no concurrencia de las mayorías necesarias para adoptar los acuerdos correspondientes, a la superación de los límites posibles de esperas y quitas, o a la desproporción de las medidas acordadas.

La impugnación se tramitará por el trámite del incidente concursal y su estimación conllevará la anulación del acuerdo y el inicio del consecuente concurso.

Como se puede suponer, las normas sobre segunda oportunidad, si bien ya habían despertado gran interés a raíz de la crisis económica que aún no había terminado de superar nuestro país, será con la reanudación de la actividad en todos los sectores, tras el fin del confinamiento por la alerta sanitaria, cuando asuman gran protagonismo, junto con todos los recursos que nuestro sistema pueda aportar a los agentes del mercado para la fluidez del mismo, como es el caso de los sistemas de información crediticia como ICIRED.

Para contactar con ICIRED puedes hacer uso del número 910 780 210 o enviar un mail a info@iciredimpagados.com. También puedes dejar un comentario en el post, así como entrar en la página de ICIRED para conocer más sobre su uso.

Fdo. Ignacio Mariscal Arcas
Abogado. Departamento Jurídico ICIRED

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