El impago de facturas, un grave problema para las pymes

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Eliminar la «morosidad crónica» en España, Portugal e Italia evitaría el cierre de entre 124.000 y 248.000 negocios cada año, según la CE

Las pymes y el impago de facturas, así como la morosidad en el pago de deudas entre empresas, al igual que entre éstas y las administraciones públicas y los plazos de pagoconstituyen un grave problema en nuestro país, hasta el punto de ser una de las principales preocupaciones de las empresas, especialmente de las pymes. Esta preocupación se debe a los graves efectos negativos que la morosidad tiene sobre el empleo, la competitividad y la propia supervivencia de éstas.

Por su parte, el impago de facturas por la prestación de servicios, es una realidad que ataca a todos los sectores de la economía y la sociedad. Las pequeñas y medianas empresas, que son la gran mayoría y las que más contribuyen en el crecimiento de la economía son, en España, una de las más afectadas.

A fin de luchar contra la morosidad y minimizar su riesgo, se creó en la provincia de Granada ICIRED, la cual tiene como objetivo el agilizar el tráfico mercantil y reducir al mínimo los impagos, lo que supone efectivamente, un crecimiento económico en España.

En efecto, el ataque a la morosidad constituye además un gran reto para las organizaciones políticas pues el bienestar económico y su reflejo en la sociedad a través de la prestación de mejores servicios, es uno de los principales medidores de gestión.

Una sociedad donde sus individuos carezcan o reciban una deficiente prestación de servicios de salud, de energía y seguridad alimentaria entre otras, no hay duda que se irá deteriorando poco a poco hasta llegar a límites peligrosos, lo cual es inadvertido por muchos. Es, por ello, que la lucha contra la morosidad debe ser una prioridad para el Gobierno. Por esto, se ha propuesto su regulación a través de la Proposición de la Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales.

En tal sentido, la Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales, que se encuentra en fase final de tramitación, prevé sanciones de hasta un millón de euros para quienes superen los 60 días de tope en el abono de sus facturas a proveedores, debiendo el moroso además de abonar la citada sanción, pagar a su acreedor la deuda más los intereses de demora y la indemnización por coste de cobro que corresponda. De no producirse cambios de última hora, serán las comunidades autónomas quienes dispongan de las competencias para sancionar a los deudores.

Según datos ofrecidos por la Central de Balances del Banco de España (CBBE) y según el 77,6% de los balances declarados por las propias compañías, el 56,5% de las empresas pagan dentro del plazo legal. Por el contrario, un 43,5% de las empresas son las que pagan excediéndose del plazo máximo legal.

Por otra parte, de acuerdo a un informe elaborado por la Comisión Europea el eliminar la “morosidad crónica” en España, Portugal e Italia salvaría del cierre a entre 124.000 y 248.000 negocios cada año, además de que se podrían haber creado 6,5 millones de empleos durante 2017, que es la fecha a la que se refiere el informe. Gran parte de estos puestos de trabajo se habrían generado en España, si tenemos en cuenta que el país lidera el ranking de la morosidad empresarial.

Según las conclusiones del citado informe, en el que han participado más de 9.800 empresas de 29 países de Europa, el 56% de las empresas españolas no aplica las medidas habituales para protegerse de los impagos.

Debido a estos datos, España se sitúa por detrás de Grecia, donde el 60% de sus empresas no recurre a medidas de prevención de impagos habituales, como, por ejemplo, el pago por adelantado, o Eslovenia y Reino Unido, donde tampoco lo hace el 57% de su tejido empresarial.

Según las estimaciones de un estudio de Crédito y Caución, desde 2008 más de 400.000 empresas en España, han cerrado debido a la morosidad, destacando que una de cada tres quiebras en España, se debe al retraso en los pagos de las facturas. Al haber menos empresas disminuye también la competitividad, poniéndolas muchas veces en la difícil e incómoda situación, de tener que despedir a sus empleados ante la demora de cobros de sus facturas.

Concluye el estudio señalando que, es necesaria la promulgación de un régimen sancionador que penalice el incumplimiento de la legislación antimorosidad, resaltado a su vez que, sin penalizaciones administrativas, será imposible conseguir el cumplimiento efectivo de la Ley.

La expectativa de una solución legal en la lucha contra la morosidad

La Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad en las operaciones comerciales pretende modificar la Ley de medidas de Lucha contra la Morosidad 15/2010 (que a su vez modificó la Ley 3/2004) y dotarla de sanciones a los morosos, ante los extensos plazos estipulados hasta ahora para la reclamación de facturas.

Uno de los objetivos de esta reforma es, en primer lugar, dotar de una mayor claridad a los conceptos y términos empleados en la norma, así como delimitar de manera más precisa sus términos, por ejemplo, en lo relativo al ámbito de aplicación de la Ley o a los supuestos de nulidad de cláusulas contractuales.

En lo que se refiere a los proveedores, se incluyen también una serie de disposiciones por las que se establece la obligación de empresas y Administraciones de hacer públicos los plazos medios de pago con sus proveedores, a efectos de promover la transparencia y reforzar el cumplimiento de los plazos legales de pago a proveedores.

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Con relación al régimen sancionador, en el Capítulo Segundo del Título Primero, se prevén tres tipos de infracciones: leves, graves o muy graves, graduándose éstas según intencionalidad, reincidencia, el número de días de incumplimiento, importe de la operación, la solvencia económica del infractor o dependencia económica del acreedor frente al infractor, entre otros.

Se considerarán faltas graves el superar en más de veinte días el plazo máximo de pago establecido, pactar cláusulas que determinen la fecha de inicio del periodo de cómputo de abono de la factura, no certificar documentalmente la fecha de entrega de mercancías o pactar la renuncia al derecho de indemnización por costes de cobro .

Por otra parte se considerará como falta muy grave si el exceso en el pago sobrepasase los sesenta días, la falsificación de albaranes, la falta de colaboración con la inspección o la reincidencia en dos infracciones graves.

El Capítulo Tercero de la citada Ley, se refiere al Sistema Arbitral de Morosidad, que no es otra cosa que el sistema extrajudicial de resolución de conflictos entre empresas y entre una empresa y una Administración a través del cual, sin formalidades especiales y con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, se resuelven las reclamaciones de las empresas por incumplimientos relacionados con los plazos contractuales o legales de pago, los intereses de demora o la indemnización por costes de cobro.

En todo caso, como expresión de que la implantación de un régimen sancionador persigue reforzar la eficacia en el cumplimiento de la Ley y no un mero afán recaudatorio se prevé, asimismo, la posibilidad de que los sujetos sancionados puedan solicitar una reducción en el importe de las sanciones, siempre que el sujeto infractor salde las deudas pendientes que hubiesen motivado la sanción en un plazo máximo de tres semanas.

Igualmente, las microempresas, pequeñas y medianas empresas que fuesen sancionadas, podrán solicitar una reducción del 100% del importe de la sanción impuesta, siempre y cuando justifiquen de forma fehaciente ante el órgano sancionador competente, que ellas mismas son a su vez acreedoras de deudas por un importe total superior a las deudas pendientes de pago que hubieran motivado la sanción impuesta.

Protección ante los impagos: ¿Qué hacer?

En España, el seguro de crédito es la medida más común a la que recurren los negocios para protegerse de los impagos. Paralelamente a esto, las medidas adoptadas por las empresas como el Plan de Pago a Proveedores, así como el IVA de Caja, que consiste en aplazar el pago de IVA de una factura hasta que esta sea cobrada, tampoco han conseguido evitar la morosidad.

A nivel europeo, la medida más empleada por las compañías para salvar sus cuentas es solicitar un pago por adelantado, pero aun esto no garantiza ni minimiza la recuperación del importe de las facturas vencidas.

La aplicación de estas medidas de protección, no eliminan ni reducen el riesgo que las Pymes españolas siguen teniendo como consecuencia de las facturas impagadas una vez superado su plazo de vencimiento.

Ante esto, las empresas pudieran intentar recuperar la deuda bien sea extrajudicial o judicialmente, pero esto constituye un dolor de cabeza además de los gastos en que se incurre para recuperar el crédito, que muchas veces excede del monto a cobrar, lo que ocasiona que con frecuencia, más bien lo “tiren a pérdida”, afectando de ésta manera su liquidez y funcionamiento, entre otras cosas.

Lo ideal es poder contar con el acceso a una base de datos, que permita intercambiar información sobre impagos comerciales tanto de personas jurídicas como de personas físicas; tener una herramienta fundamental al momento de escoger a quien se presta o solicita determinado servicio.

Para esto la solución es ICIRED ya que esta plataforma recoge las publicaciones de los impagos de sus usuarios y permite que cualquier tercero pueda consultar dicha información, facilitando así la prevención de la morosidad al recoger y suministrar información de gran relevancia para conocer la solvencia de personas físicas y jurídicas.

Esta herramienta favorece el cobro de los impagos al ejercer presión sobre los deudores, que hasta ahora se encontraban en el anonimato debido a las dilaciones en el tiempo de los procesos judiciales, para las reclamaciones de impagados, todo ello sin contar con la tremenda opacidad para poder acceder a las listas de morosos.

De esta forma, ICIRED, participa activamente en la lucha contra la morosidad con una apuesta firme por la primera plataforma digital para reclamar, cobrar y publicar impagos, de una manera fácil y eficaz, a golpe de un sólo clic., además de funcionar como un sistema de información central de riesgo, afectando negativamente el historial crediticio del moroso, ya que tanto los bancos como las entidades financieras al tener acceso a dicha información, pueden de acuerdo a la evaluación del riesgo, negarle préstamos o créditos.

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