La reclamación de facturas de transporte

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Como solución para minimizar los riesgos de impago y evitar los largos procesos en su requerimiento existe Icired

La reclamación de facturas de transporte como consecuencia del impago por parte de quienes contratan este tipo de servicios está ahogando al sector, el cual además de convertir a sus prestadores en una suerte de financiadores, debe enfrentar toda una serie de obstáculos entre los que se incluyen, la subida del combustible, la implantación de la euroviñeta en Francia, el desvío obligatorio hacia las autopistas de peaje, o la digitalización, entre otros.

Definitivamente, para el sector transporte el llevar mercancía desde un punto a otro en la ciudad, o hacerlo nacional o internacionalmente, se ha convertido en toda una odisea, aún cuando en España ya supone un 2,9% del PIB nacional, tal y como recoge en el último Observatorio del Transporte y la Logística elaborado por el Ministerio de Fomento, todo ello sin contar con que el sector es uno de los motores de generación de empleo, dando trabajo a 575.300 personas según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2018, lo que supone un aumento de 2,7% interanual.

Así, en el sector transporte, al ser un sector que por su dinámica actividad es susceptible de acumular multiplicidad de deudas de morosos varios, ocurre que la insatisfacción de acreencia afecta gravemente la rentabilidad y liquidez de las empresas, especialmente las pymes, aún cuando éstas y las microempresas son las que abonan sus facturas en el menor tiempo, de acuerdo a datos de la Comisión Europea y en documentos elaborados por la compañía de seguros de crédito a la exportación.

Es, por ello, que como solución para minimizar los riesgos de impago, y evitar en lo posible los largos y tediosos procesos que implican la reclamación de facturas de transporte, existe ICIRED, una base de datos que permite intercambiar información sobre impagos comerciales tanto de personas jurídicas como de personas físicas, siendo una herramienta fundamental al momento de escoger a quien se prestará o solicitará determinado servicio.

MÁS DATOS

Según datos aportados por la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España Fenadismer en colaboración con la Fundación Quijote para el Transporte, durante el año 2018, el plazo medio de pago anual se situó en 80 días de media, siendo los medios de pago preferidos por los clientes de los transportistas en primer lugar, la transferencia (42%), seguido del confirming (40%), del pagaré (18%) y el cheque (0.2%).

El sector considera que la lucha contra la morosidad debe ser una prioridad para el Gobierno, regulándola a través de la Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad, actualmente en tramitación, cuya intención es modificar la Ley de medidas de Lucha contra la Morosidad 15/2010 (que a su vez modificó la Ley 3/2004) y dotarla de sanciones a los morosos, ante los extensos plazos estipulados hasta ahora para la reclamación de facturas de transporte y el impago de éstas al sector.

Por otra parte, según un informe elaborado por la Comisión Europea, eliminar la morosidad crónica en España, Portugal e Italia salvaría del cierre a entre 124.000 y 248.000 negocios cada año.

CÓMO COBRO LAS FACTURAS ATRASADAS

La vigente legislación en materia de morosidad en las relaciones comerciales, establece que el plazo máximo de pago es, salvo pacto en contrario, de 30 días desde la fecha de prestación del servicio, pudiendo ampliarse hasta 60 días por acuerdo entre las partes.

Sin embargo, de acuerdo al último ‘Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2018’ por parte de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, el plazo medio de pago a proveedores en 2018 aumentó en el sector público en 3 días y en el sector privado en 4, alcanzando los 68 y los 81 días respectivamente, excediéndose de esta manera de los 60 días que establece la Ley 3/2004.

A fin  de cobrar las deudas por impago en el sector, el acreedor de la deuda debe comenzar extrajudicialmente con una reclamación de facturas de transporte, esto a fin de agotar en primera instancia el cobro de lo adeudado mediante una manera amistosa antes de interponer una demanda, mediante el envío de un burofax o cualquier otro medio fehaciente con indicación la deuda detallada y plazo para su pago, haciéndole saber al deudor que en caso de incumplimiento por su parte, se considerará agotada la vía amistosa.

Agotada la vía extrajudicial, procede intentar el llamado Juicio Monitorio regulado en los artículos 812 a 818 de La Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 8 de enero, es un procedimiento judicial rápido y sencillo previsto para reclamar deudas que puedan ser acreditadas mediante documentos, como lo es la reclamación de facturas de transporte, pudiendo acudir al mismo quien pretenda el pago de deuda dineraria, vencida y exigible de cantidad determinada, mediante el cual pueden reclamarse también intereses de demora y gastos de cobro.

El Juzgado competente será el de Primera Instancia del domicilio o residencia del deudor o el del lugar en que el deudor pueda ser hallado a efectos de requerimiento de pago, existiendo además en los Juzgados de cada localidad, así como en la web del Consejo General del Poder Judicial, impresos o formularios para iniciar dicho procedimiento, así como mayor  información al respecto y en principio no será necesaria la intervención de abogado o procurador cuando la cuantía no exceda de los 2.000 euros.

Por último, es necesario destacar que en cualquier estado o instancia del proceso, y a fin de solucionar alternativamente el conflicto del cobro/pago de la deuda surgido como consecuencia de la reclamación de facturas de transporte, se puede acudir a las llamadas formas de autocomposición procesal:  transacción, convenimiento y/o desistimiento.

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EL CASO DE INTERMEDIACIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE TRANSPORTES TERRESTRES

Según lo dispuesto en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987 de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, el transporte tendrá acción directa por la parte impagada, contra el cargador principal y todos los que, en su caso, le hayan precedido en la cadena de subcontratación, en caso de impago del precio del transporte por quien lo hubiese contratado, salvo en el supuesto previsto en el artículo 227.8 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

La acción directa del transportista efectiva para el cobro de sus facturas está inspirada en la acción directa del sector construcción, que tiene el subcontratista frente al constructor y el promotor, prevista en el artículo 1.597 del Código Civil.. Ésta se puede ejercer contra el comitente o contra el contratista o subcontratista anterior, o frente a todos ellos simultáneamente, al estar afectados y obligados en la relación contractual, siendo la responsabilidad en este caso, solidaria.

En el presente caso, la acción de reclamación de facturas de transporte se inicia extrajudicialmente, mediante el envío de un burofax o cualquier otro medio fehaciente con indicación la deuda detallada y plazo para su pago, haciéndole saber al deudor que en caso de incumplimiento por su parte, se considerará agotada la vía amistosa.

Si en ese plazo no paga, se debe presentar demanda en la Junta Arbitral de Transporte de su Comunidad Autónoma en el caso de que las reclamaciones no superen los 15.000 euros, o un monto mayor si así ha sido acordado por las partes, siendo un procedimiento gratuito donde no es necesaria la actuación de abogado o procurador. También puede interponer demanda ante los Tribunales Ordinarios, cumpliendo con las formalidades establecidas en la ley.

En cuanto al plazo de prescripción para reclamar la deuda, el mismo es de 15 meses contados a partir de la contratación del servicio de transporte, por lo que se recomienda estar atento a este requisito para no perder el derecho a reclamar la deuda.

NO QUIERO MÁS IMPAGOS DE FACTURAS POR TRANSPORTE NI POR NINGÚN OTRO CONCEPTO

A fin de evitar el tener que pasar por todo este tipo de situaciones desagradables por decir lo menos, minimizar los riesgos de impago, y tener que incoar en lo posible los largos y tediosos procesos que implican la reclamación de facturas de transporte, existe ICIRED.

Y es que ICIRED, constituye una base de datos que permite intercambiar información sobre impagos comerciales tanto de personas jurídicas como de personas físicas, constituyéndose así en una herramienta fundamental al momento de escoger a quién se prestará o solicitará determinado servicio.

Esto es posible ya que esta plataforma recoge las publicaciones de los impagos de sus usuarios y permite que cualquier tercero pueda consultar dicha información, facilitando así la prevención de la morosidad al recoger y suministrar información de gran relevancia para conocer la solvencia de personas físicas y jurídicas.

Además, favorece el recobro de los impagos al ejercer presión sobre los deudores,  que hasta ahora se encontraban en el anonimato merced a las dilaciones en el tiempo de los procesos judiciales para las reclamaciones de impagados y la tremenda opacidad dentro del sector para poder acceder a las listas de morosos.

Efectivamente, es un hecho que una vez incluido un moroso en este fichero, esta plataforma funcionará como un sistema de información central de riesgo, lo que afectará negativamente su  historial crediticio, ya que tanto los bancos como las entidades financieras al tener acceso a dicha información, podrán de acuerdo a la evaluación del riesgo negarle préstamos o créditos.  Te gusta ¿Cierto?

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