Prescripción de deudas y nueva ley

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prescripción de deudas
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La prescripción de las obligaciones de pago, también conocido como prescripción de deudas, es la extinción del derecho de reclamar judicialmente el crédito en virtud de la inacción del acreedor durante el término fijado por la ley.

Es un modo extintivo de derechos, provocando que el acreedor pierda la posibilidad de entablar cualquier acción judicial contra el deudor para obtener el pago de lo que se le debe. 

El plazo de prescripción de las deudas, de todas aquellas obligaciones que no tienen un plazo especial de prescripción previsto en la ley, es el previsto para las acciones personales que establece el artículo 1964.2 del Código Civil.

En la actualidad, ese plazo general de prescripción de las deudas es de cinco años, a partir del momento en el que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación.

Anteriormente, hasta Octubre de 2015, el plazo de prescripción de la deuda era de quince años, pero a partir de la reforma del artículo 1964.2 del Código Civil, se ha reducido a 5 años.

¿Cuándo prescribe una deuda?

Si una deuda alcanza su fecha de prescripción, en la práctica, nadie podrá realizar la reclamación judicial por esa misma deuda.

Hay que tener en cuenta que existen dos requisitos que se deben producir para que la deuda prescriba:

  1. En primer lugar, que el acreedor no realice, con anterioridad a cumplir el plazo de prescripción, ninguna acción judicial o extrajudicial exigiendo el pago de la deuda.
  2. En segundo lugar, que, dentro del mencionado plazo, el propio deudor no asuma ni reconozca la deuda.

No concurriendo ninguna de esas situaciones, prescribirá la posibilidad para el acreedor de ejercitar acción judicial en reclamación del pago de la deuda, sin que ello implique (a pesar de que coloquialmente hablemos de prescripción de deuda) que la deuda en sí misma se extinga, de tal modo que, aun habiéndose producido la prescripción, el acreedor podrá seguir reclamando el pago por vías extrajudiciales y, en este supuesto, si el deudor realizara el abono de lo debido, no podría después alegar la prescripción para reclamar la devolución de lo pagado. 

¿Cómo interrumpir la prescripción de una deuda?

La interrupción de la prescripción de una deuda se puede realizar mediante su reclamación judicial o extrajudicial por parte del acreedor, con anterioridad a que venza el plazo correspondiente de prescripción. Con esto, se  volverá a computar el plazo desde el inicio.

Desde el punto de vista extrajudicial, lo ideal para que quede constancia de la reclamación realizada, es que se realice por algún medio fehaciente, como sería a través del envío de un burofax o incluso mediante un requerimiento notarial.

En el caso de que el deudor rechazara la notificación, esto no impedirá la interrupción de la prescripción, ya que se trataría de la voluntad del deudor de no querer recoger dicha notificación. 

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Como hemos mencionado, a todas las deudas surgidas a partir del 7 de octubre del 2015, después de la entrada en vigor de la nueva reforma de la ley, se aplicará el plazo general de los cinco años. Para las deudas anteriores a dicha fecha, se aplica un régimen transitorio según el cual, las que vayan a cumplir los 15 años tras esa fecha del 7 de octubre de 2015, prescribirán como muy tarde 5 años después de la misma (este plazo ha sido ampliado como consecuencia de la suspensión de plazos habida durante el estado de alarma decretado este año de 2020, por lo que la fecha de vencimiento para ese período transitorio, será el 28 de diciembre de 2020).

¿Qué debe hacer el acreedor de una deuda?

La interrupción de la prescripción se puede llevar a cabo de dos formas, por un lado con la reclamación extrajudicial de cobro, y por otro lado con el ejercicio de una acción judicial de reclamación de la deuda.

Con estas actuaciones, se interrumpiría el plazo y se volvería a computar desde el inicio pero, debido a lo explicado en el epígrafe anterior respecto a la prescripción general que tendrá lugar el día 28 de diciembre de este año, es importante revisar cuanto antes todos los impagos e incumplimientos contractuales sufridos hasta el momento que estén pendientes de reclamar. 

 

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